Al inicio de la tarde de hoy viernes 12 de marzo, estaba convocada en Maracay (a unos 100 km. al oeste de Caracas) una manifestación que para su convocatoria había cumplido con todos los trámites formales que exige el gobierno, prevista a realizarse en la zona céntrica de esa ciudad - capital del Estado de Aragua - y organizada con el apoyo de 30 sindicatos, por el derecho a la protesta y para reivindicar el derecho a la contratación colectiva. Además exigían la libertad del sindicalista Rubén González, actualmente encarcelado por ejercer una militancia sindical consecuente.
Sin ninguna advertencia o pretexto, la policía regional reprimió el acto, arremetiendo contra las más de 200 personas que intentaban congregarse para iniciar la marcha, arrojando gas lacrimógeno para disolver a los congregados y procediendo a detener a unas 40 personas, entre ellas Rafael Uzcátegui, (del Colectivo Editor de El Libertario) quien se hallaba en el sitio en condición de observador designado por la ONG de Derechos Humanos PROVEA. Al momento de enviar esta nota, todavía están detenidos en la sede central de la Policía del Estado en Maracay, pero ya se están movilizando abogados y activistas para presionar por su inmediata liberación.
Esto no es más que otra muestra de lo que venimos denunciando desde El Libertario: el continuado esfuerzo del gobierno actual por reprimir y criminalizar la creciente protesta social que hoy se hace presente en esta tierra. Tras la mascarada de su supuesta condición progresista y antiimperialista, el régimen chavista no tiene ninguna duda a la hora de reprimir cualquier expresión de inconformidad contra la crítica situación que hoy padecemos l@s de abajo en este país.
Desde El Libertario queremos poner en evidencia este nuevo zarpazo represivo, reiterando que continuaremos levantando nuestra voz y nuestra acción contra la opresión, la explotación y la injusticia que hoy avanzan en Venezuela.
¿Quién es Rafael Uzcategui?
Rafael Ucategui (1974- ) Sociólogo egresado de la UCV y Tecnico Superior en Publicidad y Mercadeo. En el pasado se desempeñó como director del periódico universitario "Letras" y actualmente se desempeña como coordinador del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Entre sus múltiples actividades de carácter anarquista se encuentra la de pertenecer al colectivo editor del Libertario (http://www.nodo50.org/ellibertario/) del cual es uno de sus principales animadores. Así como en el pasado perteneció al Centro de Estudios Sociales Libertario de Sarria (Caracas) y el Kiosco Autogestionado de Barquisimeto (Lara), actualmente colabora con la Organización Nelson Garrido de Caracas.
Además del Libertario ha elaborado otras publicaciones como El Provo y Exilio Interior. En el 2000 publico su primer libro titulado "Corazón de Tinta" y en el 2008 realizo el documental "La Masacre del Amparo".
¿Cómo puedes ayudar?
Reenvía este comunicado a tus compañeros y afines, así como puedes colaborar colgándolo en diferentes blogs y portales de contra información (como los indymedia)
El gobierno venezolano tiene delegaciones diplomáticas en casi todos los países del mundo, puedes movilizarte hasta ellas y protestar por la detención de los compañeros.
Necesitamos compañero/as solidarios dispuestos a diagramar flyers, banners y documentos.
Los procesos judiciales suelen ser costosos, por lo cual cualquier contribución económica será agradecida, puedes hacerlo depositando aquí: en la cuenta ahorros, Bco. Provincial, nro. 0108 0002 11 0200378505, a nombre de Rafael Uzcategui.
Puedes enviar un fax en protesta por la detención de los compañeros, solo tienes que hacer clic aquí: http://www.myfax.com/free/ y enviar tus comentarios.
¡Libertad para Rafael Uzcátegui, y los demás detenidos en Maracay!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular en Venezuela!
____________ Partidos Obreros???? Obreros Partidos!!!!!!
Siempre que los partidos se han puesto a la cabeza de un movimiento o se han identificado con el, solo ha sido para debilitar sus efectos. Paul Mattick
Saltándome todas las normas elementales del periodismo, escribo esta nota en primera persona. Tras la convocatoria de un grupo de sindicatos a realizar una manifestación en la ciudad de Maracay contra las medidas económicas, la criminalización de la protesta y justicia en el caso de los trabajadores asesinados por exigir mejoras laborales, tres personas del grupo de derechos humanos Provea, entre las que me incluyo, y dos integrantes del periódico El Libertario, entre los que también me cuento, nos desplazamos junto con otros compañeros y compañeras de Caracas a solidarizarnos con las reivindicaciones obreras. Aproximadamente a las dos de la tarde, un grupo conformado entre 200 y 300 personas se congregaban en la Avenida Bolívar con Ayacucho de la ciudad. Reconocíamos algunos rostros, activistas sindicales de izquierda de vieja data y provenientes de varios puntos del país en el sitio, pero la mayoría de los presentes eran afiliados a diversas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). El despliegue policial de Poliaragua era desproporcionado, y rápidamente procedieron a cortar las 4 calles por donde pudiera caminar la manifestación. En todo momento la actitud de las autoridades era de confrontación y de no permitir el desarrollo de la actividad. No habían pasado más de 30 minutos cuando la policía disparo varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, y proceder a hacer las primeras detenciones de manera indiscriminada. Después de respirar los gases tóxicos y recuperarme, acompañe a Robert González, Secretario ejecutivo de la federación de petroleros quien estaba dando unas declaraciones a la televisora regional TVS – Maracay, y mientras hablaba con la periodista un grupo de más de 30 policías nos rodeaba. Cuando la cámara de televisión se apago se abalanzaron contra nosotros y a empujones nos subieron a la patrulla. En el forcejeo me decomisaron y rompieron la pancarta anarquista que tenia en la mano: “Por la autonomía libertaria y contra la represión a los movimientos sociales”. 12 personas estábamos dentro del camión policial, entre ellos dos activistas de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). No nos informaron los cargos de la detención, tampoco nuestro destino.
Llegamos a la comisaría general del estado Aragua, ubicada en la zona de San jacinto. El resto de los detenidos, incluidas una mujer, habían sido obligados a sentarse en el suelo. Nosotros extendimos la fila. Nos quitaron los documentos de identidad y, al rato, nos pasaron a una oficina en donde llenaron la planilla de ingreso, con nuestros datos. En otro cuarto nos obligaron a quitarnos la ropa, grabándonos el rostro con una cámara de video. Un policía obeso, vestido de civil, nos preguntaba en la grabación “¿Quien los mandó?, ¿Quién los mandó”. Después, nos metieron a 8 en una celda de 2 metros por uno, haciéndole compañía a un menor de edad que nos informo que tenia 6 meses en esa celda por robo agravado. No podíamos estar todos sentados a la vez. Mientras el calor nos iba sofocando, lentamente, el menor orinaba en un envase de refresco.. Llegó una funcionaria de menor rango de la Fiscalía, quien nos dijo que los cargos eran de “Obstrucción a la vía publica, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad”. Sin mucho interés nos comentó, antes de irse, que al día siguiente seriamos presentados ante el Ministerio Publico. Llegaron varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, por cuya intermediación pudimos salir, después de varias horas, del hueco en donde nos habían metido. Dos abogados de Provea llegaron desde Caracas, y casi con ellos, la noticia de que desde las altas esferas habían ordenado nuestra liberación plena, así como borrar los rastros de nuestro paso por esa Comisaría. Después de esperar otra hora nos entregaron nuestras pertenencias. Bajo las secuelas de lo que había sido una fuerte lluvia, un nutrido grupo de compañeros y compañeras nos esperaban. Salimos todos y todas juntas, abrazos, besos, aplausos, un mitin improvisado.
En pocas horas la noticia de nuestra detención había dado la vuelta al mundo. Muchos compañeros y compañeras movieron cielo y tierra para interceder por nosotros, algunos comunicados ya cruzaban el mar internáutico rechazando la represión y pidiendo nuestra libertad, llamadas telefónicas se sucedían desde diferentes puntos del globo. Desde la capital rápidamente se balanceo el costo político de tener a tres activistas de derechos humanos en la cárcel y, tanto la propia Fiscal General como la Defensora del Pueblo, personalmente, se comunicaron con las autoridades regionales para exigir que fuéramos inmediatamente liberados. Ojala existiera la misma celeridad para el resto de los casos de detenidos por realizar una manifestación. Si ello fuera así, no existieran los más de 2200 casos de personas sometidas a regimenes de presentación ante un tribunal después de pasar una odisea como la nuestra. Tener este tipo de atenciones es un triste privilegio. Sin embargo no se borra el hecho que, una vez mas, una manifestación de trabajadores fue obstaculizada y reprimida por las autoridades, lo cual, los casos hablan por si solos, se ha convertido en una política de Estado.
Una segunda reflexión tiene que ver con lo que denominare, cansado como estoy sin muchas ideas en la cabeza, la política del escándalo. Nuestra rápida liberación, que repito no es el caso de decenas de hechos similares, fue producto en buena medida del hecho que la noticia se difundió al instante por las redes sociales, como el Twitter, pero especialmente en los medios de comunicación masivos no estatales. Lo que constituye una singular paradoja es que la noticia fuera amplificada por medios con los cuales tenemos amplias reservas, como Globovision y El Nacional, pero silenciada por medios que, teórica e hipotéticamente debieran acompañar las luchas populares. Por citar un ejemplo rápido Aporrea. Para quienes se definen como “agencia popular alternativa de noticias, cartelera digital abierta e interactiva del movimiento popular y de los trabajadores”, la marcha de hoy 12 de marzo en Maracay no existió –pero si una huelga en Roma-, ni la represión ni la detención de dos decenas de trabajadores y dirigentes sindicales. Como ya he dicho en otra oportunidad en Venezuela se debe contrastar la información de los medios “alternativos” con los medios privados y no al revés, como ocurre en el resto del Mundo. De esta situación, alguna vez, tenemos que sacar las debidas conclusiones.
Escribo esto desde mi casa, al abrigo de mi compañera y de mi perra mestiza, adoptada en una jornada callejera de Aproa. Y el dormir en tan grata compañía se la debo a infinidad de amigos y amigas que rápidamente se activaron y a los cuales debo agradecer personalmente, y no a través de una lista en la que pueda cometer la injusticia de olvidarme de alguno o alguna. Ellos y ellas saben quienes son y justo ahora están recibiendo este texto por su e-mail. Como ser humano, como anarquista y como defensor de los derechos humanos espero no defraudar su dedicación, y continuar en este camino que no es otro que acompañar y fortalecer, si cabe esta soberbia pretensión, la lucha de las personas enfrentadas al poder, por su dignidad y por sus derechos, que son tanto como los míos. Gracias.
Rafael Uzcátegui
13.03.2010
01:02 a.m.
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Re: [Venezuela] Represión a libertarios
¿Por qué hay protesta social en Venezuela?
* Para quienes – por desconocer la situación local, por estar fuera del país o por aceptar la versión oficial - se desconciertan o sorprenden ante el auge del malestar colectivo y las luchas populares (2.893 manifestaciones de calle desde octubre-2008 a septiembre-2009; 1.763 en el mismo lapso de 2007 a 2008), les presentamos algunas razones para entender la conflictividad social en Venezuela.
[[La mayoría de las cifras aquí presentadas pueden verificarse (con amplia indicación de fuentes originales) en el Informe PROVEA 2008-2009, accesible en www.derechos.org.ve. Otro datos han sido tomados de la prensa y son factibles de localizar vía Internet.]]
_I_
Se evidencia el fracaso de la política agroalimentaria actual al ver como las importaciones del sector han pasado de 1.626 millones de dólares en 1999 a 7.477 en 2008. Para garantizar el abastecimiento de alimentos subsidiados, ese último año el gobierno debió adquirir afuera el 57,9 % de lo que requirió. Así, hemos pasado de un patrón de importación de alimentos de 75 dólares por persona al año en la década de los 90, a $ 267 en la actualidad.
Pero no es sólo que dependamos más del exterior para nuestra comida, sino que padecemos de una inflación en el sector de alimentos que en 2008 fue de 46,7 %, y en 2009 estuvo por encima del 36 %. Esta escalada de precios de ningún modo se compensa con los limitados aumentos de salario mínimo, ni tampoco con la distribución de alimentos subsidiados vía MERCAL, ya en franca agonía por causa del desabastecimiento y la corrupción.
Dado lo anterior, la reciente devaluación afectará dura e inmediatamente nuestro consumo alimentario, en consecuencia directa de una estrategia gubernamental que ha descansado en la capacidad de compra del Estado y no en desarrollar la producción, nada distinto a lo que ha sido norma histórica del rentismo petrolero en Venezuela. ¡Luchemos porque no seamos los de abajo quienes paguemos el costo de los errores, la imprevisión y la corrupción del poder!
_II_
Aún contando con ingresos nacionales mayores a los percibidos en cualquier otro período de nuestra historia, la situación de pobreza y exclusión que persiste para amplios sectores de la sociedad venezolana ha agravado la violencia urbana desde que este gobierno asumió el poder. Mientras en 1998 tuvimos una estimación nacional de 4.550 homicidios, el saldo fue de 14.568 en 2008; o visto desde otro ángulo: la población creció un 19,1 % en ese decenio, mientras la tasa de homicidios subió en 320,1 %.
Es público y notorio que tanto la boliburguesía como los “chivos gordos” del gobierno y el PSUV cuentan con abundantes espalderos (pagados con recursos oficiales) que los protegen, mientras los demás debemos encerrarnos en nuestras casas para no ser víctimas de malandros o policías. Sobre esto último, unas cifras tenebrosas: en 2008 hubo 205 homicidios atribuibles a evidentes violaciones del derecho a vida por parte de los cuerpos represivos del Estado (2/3 de los casos vía ejecuciones), mientras que bajo la sospechosa excusa de “resistencia a la autoridad” se dio cuenta de 1.820 muertes.
En tal ambiente de violencia desaforada cada día se enlutan más familias venezolanas, lo que no incomoda para nada a un gobierno que impúdicamente atribuye ese clima a una “sensación de inseguridad creada por los medios de difusión opositores”, mientras sus esfuerzos se concentran en eternizarse en el poder y en convencernos de la infalibilidad del “Mi Comandante-Presidente”.
_III_
A quienes han gobernado Venezuela en estos 11 años les ha sobrado tanto dinero como verborrea de su amor por el pueblo, pero su fracaso en atender el problema social básico de la vivienda ha sido descomunal. En el lapso 1999-2008 se han construido en total 300.939 nuevas viviendas (incluyendo al sector público y al privado), cifra absolutamente insuficiente cuando el propio Estado estima que el déficit habitacional actual sería de unas 3 millones de unidades habitacionales, por lo que sería necesario construir 300.000 viviendas _por año_.
Pero en lo que si han sido diligentes los caciques de la “revolución bonita” es en resolverse sus propias exigencias por viviendas de postín, y allí están para probarlo los “town houses” y “pent houses” de los que disfrutan en urbanizaciones de lujo de las ciudades venezolanas. Con semejante ejemplo en las alturas, no es de extrañar la gruesa cifra de denuncias sobre corrupción e incapacidad entre la burocracia media y baja que debería resolver las demandas de la colectividad por un techo digno y propio para vivir.
Esta situación ha generado un creciente caudal de bronca popular: entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 ocurrieron 457 manifestaciones de calle referidas al tema, cifra que pasó a 588 protestas colectivas de octubre de 2008 a septiembre de 2009. La respuesta del supuesto “gobierno popular y revolucionario” ha sido criminalizar estas acciones, llegándose a la sanción carcelaria o judicial (58 detenidos en el último lapso, de los que 23 quedaron en régimen de presentación a tribunales), o más grave aún, a la represión armada (67 heridos y un asesinato a manos de los cuerpos represivos).
_IV_
El carrusel de nuevos jefazos a cargo, de ofertas de voluminosos recursos y de anuncios programáticos grandielocuentes desfila repetidamente ante nuestros ojos, pero la situación de la salud pública sigue en franco retroceso, lo cual se constata en cualquier observación medianamente completa que se haga en el área, a pesar del empeño de los entes públicos por negar u ocultar la información que están obligados a proveer, o por pretender desacreditar a quien se salga del libreto que repite la propaganda oficial.
Pero la realidad es terca, de modo que el mismo gobierno que por boca del Ministro T. El Aissami amenazó el 16/12/08 con “caerle a zapatazos por mentirosos y embusteros” a los redactores de un informe que documentaba la profunda crisis que padecía la publicitada Misión Barrio Adentro, tuvo que reconocer el 20/09/09 por boca de su Presidente que 2.000 módulos de ese programa carecían de personal médico (sobre un total de 3.478 módulos). Eso por no atreverse a mencionar otras situaciones gravísimas, como la denuncia de que sólo el 4 % de lo invertido en equipamientos para esta Misión tiene el soporte adecuado de facturas.
Tan o más alarmantes que la situación actual son las soluciones prometidas. Por ejemplo, otorgar el monopolio de la contratación de los seguros HCM para quienes laboran a la orden del Estado, a una empresa donde el mandamás es nada menos que el tristemente célebre Orlando Castro. Ante anuncios como éste, la opción es clara: ¡o protestamos o nos hunden!
_V_
Si algo deja al desnudo la farsa de 11 años de proclamada revolución es el caudal de problemas que afectan a la clase trabajadora. Se maquillan cifras o se aplican mecanismos tramposos de contratación temporal (por ejemplo, vía las Misiones o en las cooperativas y “empresas socialistas”), pero los analistas económicos más consistentes indican que la tasa de desempleo real estaba a fines de 2009 en 12 % de la Población Económicamente Activa, a pesar de que la cifra oficial sólo reconoció 8 %. Entre quienes trabajan, 44,9 % lo hace en el sector informal de la economía, con todas las desventajas que ello representa.
Agréguese a lo anterior que, desde 2009, el ingreso salarial venía siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de consumo (aún las esenciales, que conforman la llamada Canasta Básica), lo cual reconocían hasta las estadísticas oficiales y se comprobaba en la vida cotidiana. La caída se hace más aguda con la macro-devaluación de enero de 2010, que termina de desmontar el cuento de que teníamos los salarios más altos de América Latina.
Esos y muchos otros problemas han multiplicado las expresiones de descontento laboral como no había ocurrido bajo este gobierno. Entre octubre-2008 y septiembre-2009 se reportaron 983 acciones de protesta obrera, que en cerca de 80 % fueron de trabajadores al servicio del Estado. La respuesta oficial fue calumniar y criminalizar, llegando a la violencia represiva contra 43 protestas, con el resultado de más de un centenar de lesionados y el asesinato de dos manifestantes el 20/01/09 en el Edo. Anzoátegui, sin olvidar que 33 trabajadores y activistas sindicales fueron víctimas de medidas judiciales por participar en estas acciones.
_VI_
Según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, la violencia dentro de las cárceles del país originó 366 muertos y 635 heridos en el año 2009, lo que en 11 años de gestión de este gobierno da una suma de 4.030 fallecidos y 12.036 heridos, en su mayoría por uso de armas de fuego. Estas cifras dejan claro por qué las prisiones de la revolución bolivariana se han ganado el triste mérito de ser consideradas entre las más sanguinarias del mundo.
Tal brutalidad homicida es posible en modo importante gracias a las mafias de traficantes de armas y otras “mercancías” al interior de los penales, compuestas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la ahora llamada Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Ese sucio negocio ha florecido contando con la indiferencia, incapacidad y/o complicidad de los 17 Directores de Servicios que han desfilado por el cargo desde 1999.
Ejemplo de la calaña de esos burócratas es la actual ocupante de la Dirección, quien ante la masacre que en enero de 2010 causó 10 muertos y 19 heridos en “La Planta” de Caracas, con cínica desvergüenza atribuyó estos hechos a que en las cárceles como en las familias existían problemas entre sus miembros, lo cual producía discusiones y las cárceles eran un reflejo de las familias, para cerrar con broche de oro acusando a parientes y visitantes de los reclusos de ser los responsables de la introducción de armas. Por si interesa, esta funcionaria con postgrado en Criminología, pelo pintado, escolta y Blackberry se llama Consuelo Cerrada…
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