Los sucesivos Gobiernos alternos del Partido Popular y el Partido Socialista en todos los niveles territoriales, pero especialmente en el de la nación, se han caracterizado por una nula preocupación por el modelo productivo y por una indiferencia sistemática hacia ciertos derechos constitucionales. La construcción desaforada se convirtió, durante el gobierno de Aznar, y posteriormente durante el de Zapatero, en la principal fuente de riqueza nacional, en el eje fundamental de un modelo productivo atrofiado e irreal.
A la hora de buscar responsabilidades políticas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, encontramos pocas diferencias entre ambos partidos mayoritarios: por acción o por omisión, los dos propiciaron un modelo de crecimiento económico insostenible, situación que tarde o temprano tenía que pasar factura. Es cierto que la crisis financiera se inició fuera de nuestras fronteras, pero no es menos cierto que nos pilló sin alternativas productivas ante la caída del sector inmobiliario.
Ahora nos encontramos con los resultados de una nula gestión del derecho a la vivienda que reconoce la Constitución Española de 1978 en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. La responsabilidad de los poderes públicos es explícita y manifiesta en el mismo artículo: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Como podemos comprobar claramente, el liberalismo económico absoluto y desmedido de que han hecho gala los dos “grandes” ha determinado la no intervención económica incluso cuando se trataba de hacer efectivas las garantías constitucionales. Han prevalecido los intereses económicos de unos pocos frente a los derechos de toda la ciudadanía.
En nuestra línea de trabajo de luchar por una vivienda digna para todos y todas, nuestro Grupo presentó una proposición al pasado Pleno Municipal en la que pedíamos que se llevase a cabo un registro -actualizado permanentemente y de acceso público- de viviendas, locales y solares vacíos de titularidad pública en Aranjuez. También solicitábamos que se acelerase la creación de un parque público de alquiler social de viviendas, locales y solares en desuso.
La pinza PP-PSOE votó en contra de esta proposición. Sus portavoces demostraron una vez más que sus nexos de unión ideológica en ciertos aspectos fundamentales son muy fuertes: el neoliberalismo y su alergia intervencionista pueden más que la aceptación de soluciones a los problemas sociales de los ciudadanos en situación más precaria.
Los partidos mayoritarios votaron en contra de un precepto fundamental de nuestra Constitución y lo hicieron mintiendo. Porque afirmaron que tal registro ya existía. Y que estaban en marcha los mecanismos necesarios para que las personas y familias que perdían la vivienda no se quedasen en la calle.
La realidad niega los argumentos de ambas formaciones liberales y revela sus mentiras a través de los hechos: no existe tal registro en el Ayuntamiento. La gente se queda en la calle. Innumerables pisos, locales y solares de titularidad pública están vacíos. Los poderes públicos no mueven un dedo. Y la mentira se adueña del principal foro democrático de Aranjuez.
La pinza de los grandes aumenta la brecha social entre los que más tienen y los que más necesitan del amparo de las instituciones. A estos últimos se les vuelve la espalda mientras se favorece a los primeros. Esto ha ocurrido con gobiernos populares y con gobiernos teóricamente progresistas. Sería conveniente, aunque a estas alturas nos parece ciertamente improbable, que los socialistas locales reflexionasen seriamente sobre sus políticas y dejasen de escudarse en mentiras para defender la dejación de funciones que en materias sociales de especial trascendencia han demostrado en el pasado. De lo contrario, seguiremos asistiendo en los Plenos municipales a un estéril duelo de poder en el que ambos contendientes no se diferencian más que en las siglas, porque en lo fundamental y en la práctica ambos coinciden en la consideración de las políticas sociales como privilegios inmerecidos, y en la preponderancia de un Estado mercantil en el que la ciudadanía solo será merecedora de aquello que se pueda costear con dinero.
Eva Abril Chaigne
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de Aranjuez
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