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ALEGACIONES REGLAMENTO EXPLOTACION Y USO APARCAMIENTO CALLE DEL REY
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Mensaje ALEGACIONES REGLAMENTO EXPLOTACION Y USO APARCAMIENTO CALLE DEL REY 
 
El Grupo Municipal de la Agrupación Ciudadana Independiente (acipa) y en su representación la Concejal Portavoz de la misma Pilar Quintana Álvarez, presenta las siguientes alegaciones al reglamento de Régimen Interno para la explotación y uso del aparcamiento de la calle del Rey, que se publicó en el B.O.C.M. El viernes 21 de enero, comunicando que se encuentra expuesta al público durante 30 días hábiles para su examen y presentación de las alegaciones que se estimen oportunas.

En el apartado 2 se habla de la adjudicación de 76 plazas de aparcamiento para residentes. Adjudicación por un periodo de 50 años, pero sin aclarar si existe posibilidad de cesión o subrogación de la plaza adquirida, a un familiar o a un tercero.
También debería aclarar qué ley se aplicaría en el caso de que la cesión o subrogación pudiera aplicarse, y en qué supuestos (incapacidad de hacer frente al pago, deceso del titular, etcétera)
De no existir la posibilidad de cesión, debe aclararse si existe la posibilidad de vender la plaza durante el periodo de concesión de 50 años, hasta la extinción del contrato original. En este último caso, tampoco se conoce quién sería el organismo encargado de fijar el precio de venta.

En el apartado 3, punto primero, se habla de la necesidad de contratar anuncios publicitarios en la prensa de mayor difusión de la ciudad de Aranjuez, para las plazas destinadas a residentes. Sin embargo, obvia este procedimiento para las plazas rotatorias. Esto supone una excesiva restricción informativa, ya que la ciudad de Aranjuez es cabecera comarcal y los “potenciales usuarios” no son solo los residentes en la localidad, sino también sus visitantes, que desconocerían la existencia de este servicio. Se debería ampliar el espectro publicitario del aparcamiento para las plazas rotatorias.
Tampoco se aclara quién debería hacer frente a los gastos en publicidad, si la concesionaria o quién ha otorgado la concesión, así como la inclusión de estos gastos en los balances económicos.

En el punto segundo del mismo apartado, se delimita el área urbana dentro de la cual sus residentes y comerciantes pueden optar a las plazas para residentes. La delimitación norte-sur acota en exceso este área. Las obras de la calle del Rey han supuesto pérdida de plazas en superficie en todo su eje, entre las calles Avda. Plaza de Toros y C/ del Príncipe. Debería ampliarse   el área por el norte y el sur, hasta las calles antes citadas.

En relación a las plazas de uso rotatorio, se habla de la prestación adicional de servicios ajenos a los previstos inicialmente cuando se construyó el aparcamiento. No aclara si los horarios de uso de estos servicios serán los mismos que los previstos para el aparcamiento, así como tampoco aclara qué tipo de sistema de lavado será el que se instale, entendiendo que hay varios tipos (lavado manual con compresor, o lavado mecánico, bien en puente o en túnel) y que están sometidos  a  normativas sobre ruido y vibraciones.
Tampoco aclara cuál será el sistema de gestión de los subproductos contaminantes derivados de las actividades antes descritas, y si el coste de los mismos ha sido tenido en cuenta en la proyección de ingresos.  

En el apartado 4, punto B, se habla de las tarifas tanto de venta (mencionada su problemática en el segundo párrafo de este escrito) como de carácter rotatorio. En el cuadro de tarifas, aparecen reseñados unos abonos para residentes, cuyo nombre puede inducir a confusión (no se especifica si se trata de residentes en el área restringida para optar para plazas de residentes que no han hecho efectiva la compra de plaza, o de residentes en la localidad)

Lo mismo puede decirse para comerciantes y trabajadores.
En caso de tratarse de residentes, comerciantes o trabajadores de toda la ciudad, debería constituirse un sistema de codificaciones para clientes de comercios situados en el ámbito inmediato al aparcamiento, puesto que han sido los más directamente afectados económicamente por el retraso en la ejecución de las obras.
 




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